Presentación
Por medio de las páginas de este documento, y en ejercicio de total apertura, mostramos un recuento de las actividades institucionales más relevantes del 2025, con énfasis especial en las acciones y decisiones estratégicas para garantizar el acceso efectivo a la justicia, así como los cambios estructurales que derivaron de la Reforma al Poder Judicial y del desarrollo del proceso electoral extraordinario.
Transitamos este momento de cambio institucional mediante un diálogo entre poderes, instituciones académicas, cámaras empresariales y sociedad civil, que nos permitieron generar reformas constitucionales que fueron reconocidas a nivel nacional, por garantizar la elección de personas juzgadoras y magistraturas con un perfil judicial idóneo, académico, profesional y ético.
Nuestra gestión institucional se organizó bajo una ruta definida, basada en ejes que priorizan la cercanía con la ciudadanía, la eficiencia en los recursos y en las actividades del quehacer judicial, la calidad de la impartición de justicia, la profesionalización y capacitación permanente, la apertura institucional y la innovación como motor de mejora continua y de excelencia.
Hoy, este modelo se consolida con personas juzgadoras y magistraturas electas por la ciudadanía, por un nuevo orden institucional que nos compromete más que nunca a rendir cuentas y a especializar funciones en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, mediante el acompañamiento de una Comisión de Transición que garantizará la implementación ordenada y gradual de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la desaparición paulatina del Consejo de la Judicatura.
Cuando hablamos de la consolidación del Modelo de Justicia, no nos referimos solo a juicios resueltos en menos tiempo. Significa atender realidades humanas, proteger derechos y contribuir al equilibrio social. Significa colocar a las personas en el centro de cada decisión, reconociendo que detrás de cada asunto existen historias, patrimonios, libertades y proyectos de vida que merecen una respuesta sensible, oportuna y apegada a la ley.
Hablamos de la tranquilidad de una madre o padre que recibe puntualmente la pensión alimenticia que asegura el bienestar de sus hijas e hijos, por lo que este año sumamos a 321 personas en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios, una herramienta que busca garantizar el derecho a la alimentación y la subsistencia de la niñez, al tiempo que fortalece la justicia con un claro enfoque de derechos.
A través del Centro de Evaluación Psicosocial, atendimos a 30 mil 816 personas en las ocho unidades distribuidas en los distritos judiciales del estado, brindando atención y generando las condiciones idóneas y especializadas para la participación de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de justicia que los involucran, a fin de garantizar su acceso a dicho servicio y su desarrollo integral.
Escuchar y atender a la ciudadanía ha sido clave para fortalecer el Modelo de Justicia que rige en nuestro Estado. Por medio de áreas como el Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias y los servicios del Centro de Evaluación Psicosocial, fortalecimos un esquema de atención integral que acompaña a las personas desde el primer contacto con el sistema judicial. A ello se suma la coordinación con programas gubernamentales, como Mejora Coahuila, para acercar el asesoramiento y representación jurídica en diversas materias a colonias, barrios y ejidos, reduciendo las brechas de acceso y atendiendo a quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos.
Ratificamos nuestro compromiso con una justicia accesible e incluyente mediante la incorporación del servicio pericial gratuito para personas en situación de vulnerabilidad. Con el apoyo de las y los peritos, garantizamos dictámenes oportunos y sin costo para quienes carecen de recursos. Esta acción elimina barreras estructurales y consolida un modelo jurisdiccional más equitativo.
Asimismo, en el Poder Judicial reafirmamos que nuestra función social no se agota en los procesos jurisdiccionales, sino que se extiende a la construcción de una cultura de paz, equidad y respeto, donde la justicia se conciba como un valor y, mediante el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias, promovimos la mediación y conciliación como vías efectivas para resolver conflictos, logrando dirimir mil 663 asuntos a través de la justicia alternativa y restaurativa.
Durante el año consolidamos acciones innovadoras con impacto directo en la vida de las personas, como la atención especializada a la violencia contra las mujeres, con una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia.
El fortalecimiento de la infraestructura judicial también fue una prioridad. Mejoramos los espacios físicos que albergan nuestros órganos jurisdiccionales, no jurisdiccionales y administrativos para brindar nuestros servicios bajo estándares de calidad.
La construcción de la Ciudad Judicial en Saltillo representa un cambio en la forma de impartir justicia, al transitar hacia un nuevo modelo de gestión más eficiente, donde las personas juzgadoras se concentren en su función sustantiva: resolver con calidad, prontitud y apego a derecho; y donde el personal judicial y las personas usuarias cuenten con espacios dignos y accesibles, eliminando traslados de un juzgado a otro. Hoy, este edificio de 14 mil metros cuadrados de construcción es un reflejo fiel de un modelo centrado en el acceso a la justicia y en brindar un servicio cercano, ágil y eficiente, concentrando todas las unidades de atención y gestión judicial civil, mercantil, familiar y laboral en un solo espacio.
La eficiencia institucional se refleja también en el trabajo de los órganos colegiados, como el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, responsables de definir lineamientos, supervisar la actuación judicial y garantizar una judicatura íntegra mediante procedimientos claros y transparentes. En este contexto, la coordinación con otros poderes y autoridades ha sido clave para fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad y la paz social.
Destaca la creación del nuevo modelo de gestión judicial para las materias civil, familiar, mercantil y laboral, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio jurisdiccional y no jurisdiccional, el cual se implementará en la Ciudad Judicial de Saltillo. La confianza ciudadana es un indicador fundamental del desempeño judicial. Los avances alcanzados con el Modelo de Justicia se reflejan en una percepción positiva de la sociedad hacia la labor jurisdiccional, lo que nos compromete a mantener altos estándares de independencia, imparcialidad y profesionalismo.
Nuestra responsabilidad es mantener el buen funcionamiento del Poder Judicial, por lo que, en el presente documento informamos los resultados estadísticos de los juzgados de Primera Instancia en cada una de las materias, así como las Salas Colegiadas, Tribunales Distritales y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, destacando el ingreso de tres mil 020 asuntos en el año.
Entendemos que una justicia de calidad no puede ser distante, sino que debe responder a los diversos contextos y problemáticas que llegan a los tribunales. Por ello, avanzamos en la especialización de nuestros órganos jurisdiccionales, como una estrategia para ofrecer respuestas más oportunas y sensibles, que acerque la justicia a la vida cotidiana de las personas garantizando procesos más claros y acordes a sus necesidades.
En el año que se informa, impulsamos la creación del Juzgado con Especialización en Adopciones, con el propósito de atender con mayor prontitud y eficacia los procedimientos relacionados con la adopción, la pérdida de la patria potestad y la ratificación de medidas urgentes de protección, evitando procesos prolongados y reduciendo los efectos negativos que la institucionalización genera en el desarrollo integral de niñas y niños.
Ninguno de estos avances sería posible sin el trabajo de servidoras y servidores públicos comprometidos con la excelencia. Por ello, fortalecemos de manera permanente la capacitación y profesionalización del personal judicial, asegurando que cuente con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para responder a los retos actuales del sistema de justicia.
Al cierre del año 2025, llevamos a cabo un total de 13 actividades académicas, beneficiando a mil 724 personas pertenecientes al Poder Judicial, 308 personas de otras dependencias gubernamentales y 750 abogadas y abogados litigantes.
Fortalecimos la sensibilización del personal y reafirmamos nuestro compromiso de cero tolerancia a la violencia de género promoviendo una justicia con enfoque de equidad y respeto a los derechos humanos. A través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género impartimos el curso autogestivo “La aplicación de la perspectiva de género en la administración e impartición de justicia”, con el objetivo de contribuir en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en la promoción de una justicia más incluyente y equitativa.
Bajo esta misma dinámica, creamos el Protocolo de Actuación para Garantizar el Acceso a la Justicia a las Personas con Discapacidad, sensibilizando a las y los operadores del sistema de justicia respecto de los derechos de las personas con discapacidad y las barreras que enfrentan en el sistema.
Por otra parte, continuamos reconociendo la importancia de la participación de las niñas y niños de nuestro estado. Este año, realizamos la segunda edición de la convocatoria “Magistrada y Magistrado por un día”, en la cual seleccionamos a ocho niñas y cinco niños para formar parte del Pleno del Tribunal de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes participaron en la sesión del Pleno Infantil en las instalaciones del Palacio de Justicia en Saltillo.
En concordancia con lo anterior, se hizo entrega del premio y reconocimiento a la creadora de nuestro personaje “Justi”, quien ahora nos acompaña en nuestra misión de fomentar la cultura de la legalidad en las niñas, niños y adolescentes de la entidad. Somos conscientes de que, en numerosos contextos, las mujeres enfrentan obstáculos significativos que dificultan su capacidad para buscar y obtener justicia. Por ello, los esfuerzos que esta institución ha implementado para establecer una política con perspectiva de género han sido constantes, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y asegurar que cada mujer acceda a la justicia que requiere, protegiendo así su integridad y dignidad.
En este sentido, el Poder Judicial sigue promoviendo una política de igualdad sustantiva que, en su interior, fomenta la paridad laboral y, en su exterior, permite impartir justicia con un enfoque de género. Como parte de esta línea de trabajo, al día de hoy, la plantilla laboral de este Poder Judicial está conformada por dos mil 043 servidoras y servidores públicos, de los cuales mil 330 son mujeres y 713 son hombres. Esta composición refleja un 65 por ciento de participación femenina y un 35 por ciento masculina, un indicador claro del compromiso institucional con la inclusión y la promoción de la igualdad de oportunidades en todos los niveles y áreas de trabajo.
La apertura institucional es hoy un pilar del Poder Judicial de Coahuila. La transparencia, el gobierno abierto y el uso de tecnologías permiten a la ciudadanía conocer, evaluar y participar en el quehacer judicial. La transmisión de sesiones del Pleno, la atención mediante canales digitales como el WhatsApp, la comunicación por redes sociales y boletines a medios, y la difusión proactiva de información fortalecen la rendición de cuentas y la confianza pública.
Como resultado, continuamos como uno de los entes públicos que más solicitudes de acceso a la información atiende en tiempo y forma, y mantenemos el índice del 100 por ciento en el cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia. A su vez, mediante el Observatorio Judicial, ciudadanas y ciudadanos conocen de cerca el funcionamiento y operación del Poder Judicial de Coahuila, a fin de brindar recomendaciones que permitan la mejora continua.
A través de vínculos constantes con organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, así como con barras, colegios y foros de profesionales del derecho, hemos generado espacios de intercambio que enriquecen nuestra función jurisdiccional. Estas relaciones permiten identificar necesidades reales, compartir experiencias y diseñar soluciones que impactan de manera positiva en la atención a las personas usuarias del sistema de justicia.
Este enfoque colaborativo se traduce en acciones concretas y proyectos construidos de manera conjunta, que fortalecen la confianza ciudadana y contribuyen a una impartición de justicia más humana.
La innovación y la tecnología han sido aliadas estratégicas para acercar la justicia a la ciudadanía. El impulso a la justicia digital, mediante plataformas electrónicas y aplicaciones móviles, ha facilitado trámites, reducido tiempos y eliminado barreras geográficas, permitiendo que las personas accedan a servicios judiciales de forma ágil, segura y transparente. Estas herramientas fortalecen los principios de prontitud, expeditez y gratuidad en la impartición de justicia.
A través de la plataforma Poder en Línea, disponible de manera permanente, las y los usuarios pueden dar seguimiento a sus asuntos, consultar información procesal y realizar trámites de forma remota, reduciendo tiempos, costos y traslados innecesarios. Este modelo facilita el acceso a la justicia desde cualquier lugar y promueve procedimientos más ágiles y claros. A lo largo del periodo fueron registradas en esta plataforma 507 mil 317 demandas y promociones en las materias civil, familiar, laboral, mercantil y penal, mientras que 29 mil 335 expedientes se autorizaron para que las personas usuarias pudieran consultarlos de manera virtual.
Destaca también la implementación en todos los distritos judiciales del Portal de Notarías, permitiendo la publicación inmediata de edictos, eliminando retrasos y fortaleciendo la transparencia y eficiencia institucional. Y durante el presente ejercicio se puso en operación en los distritos judiciales de Saltillo y Torreón el módulo SAJI Hipotecario, permitiendo la gestión digital integral de los juicios en dicha materia; asimismo, se renovaron y actualizaron constantemente los existentes, con la finalidad de hacer más eficiente y ágil la función que se realiza en las diversas áreas jurisdiccionales.
A través de la mejora continua de nuestro portal institucional, garantizamos un espacio confiable y de fácil navegación, que permite a las y los usuarios consultar de forma oportuna información relevante sobre la actividad jurisdiccional. Desde listas de acuerdos y localización de expedientes, hasta criterios jurídicos, peritos y versiones públicas de sentencias, la plataforma se ha consolidado como un punto de acceso ágil y transparente al quehacer judicial.
Con estas acciones, el Poder Judicial de Coahuila refrenda su compromiso de seguir construyendo una justicia cercana, eficiente, de calidad, profesional, abierta y transparente, e innovadora, con rostro humano y al servicio de todas y todos, porque en Coahuila llevamos ¡La Justicia Contigo!